El Código Penal ya poco más puede hacer para acabar con la lacra del terrorismo machista. Con imperfecciones, la ley castiga duramente a los asesinos. Ahora es el turno de la sociedad y de sus dirigentes. En positivo, debemos reconocer que el problema adquirió visibilidad en los discursos políticos en las anteriores legislaturas y contagió a todas las formaciones.
Lo políticamente correcto es manifestar repulsa a la violencia de género, pero no basta. Faltan recursos para facilitar denuncias y protección a las amenazadas. Recursos que la crisis no puede erosionar. Y erosiona porque la sociedad aun no los exige con la contundencia y radicalidad necesarias para incomodar a quienes se atreven impunemente a reducirlos.
Debemos exigir un avance en la criminalización pública de los maltratadores y una conciencia que considere cada muerte como un fallo en las políticas de prevención. Después, en cada caso, dilucidaremos si la sociedad hizo todo lo que podía o no. Pero, a priori, tenemos la obligación social de impedirlos y de dedicar a esta causa todos los recursos necesarios. Ayer, los psicólogos reivindicaban su presencia en los centros de atención primaria para abordar la violencia de género: “unos de los problemas de salud más importantes para las mujeres”. Diagnóstico certero de por dónde debemos mejorar y exigir que se mejore.
Hay que tener más abogados de oficio como los hay de médicos de familia.
Yo tuve que pagar a un abogado para poder pedir el divorcio. Y me lo pagó mi hija, porque yo no trabajaba. Tengo un blog de auto ayuda para que decidida a divorciarse . wordpress.porfindivorciada.com