Al servicio de su majestad (14/01/2014)

El juez Castro no solamente recuerda que Cristina declarará por obligación y a instancia de su imputación sino que, con la ley en la mano, de quererlo hacer voluntariamente habría podido demandarlo desde el primer día. Nadie que conozca la historia de este país espera ver a la Infanta sentada en el banquillo de los acusados en un juicio y todo el mundo es consciente de que los recursos del Estado se han activado para que esto no suceda. Así, con la fiscalía y las abogacías del Estado y de la Comunidad al servicio de su majestad, lo más conveniente para la monarquía es que Castro, en fase de instrucción, sea el único miembro del poder independiente que pueda manifestarse sobre el caso.

Apelar el auto de imputación hubiera supuesto la posibilidad de que ya fueran hasta cuatro los jueces públicamente convencidos de la existencia más que razonable de indicios de criminalidad. Una posibilidad nada remota y que haría más inexplicable aún que las acusaciones públicas no presenten cargos contra la Infanta de España. No apelar aleja la incontrolable independencia judicial del caso y lo deja en manos de quienes reciben órdenes directas de los gobiernos dispuestos a no ver motivo para acusar a la aprovechada socia de Aizoon. Todo el esfuerzo didáctico que pone Castro en sus escritos sólo, y no es poco, servirá para que la mayoría entienda en qué país vive, aunque luego profilácticamente lo olvide.

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