El poder de la arbitrariedad (11/02/2014)

El problema de Bauzá y sus socios despechados por la financiación autonómica es que su misma concepción de España lleva aparejado el injusto reparto de las cargas y la arbitrariedad de las aportaciones como sustento del paternalismo centralista. De entrada, la excepción foral del País Vasco y Navarra sólo se justifica por un tradicionalismo que si fuera castizo se calificaría de casposo sin temor a la exageración. Pero, como no lo es, nadie se atreve a cuestionar la excepcionalidad; y menos ahora que existe pánico a que el pacífico soberanismo catalán se contagie en euskera.

Pero el principal problema es que el Gobierno central se legitima desde la discrecionalidad autoritaria con que reparte fondos e inversiones en los diferentes territorios. El poder del Madrid administrativo se justifica, incluso legitima, en el poder que le confiere la arbitrariedad. La supuesta justicia en el reparto de la financiación significaría acabar con el poder de quien tiene la llave de la caja y premia o castiga a las autonomías según cálculo de coyunturales intereses.

Pedir justicia en la financiación es negar el poder discrecional de Moncloa y no creo que Bauzá y sus escocidos semejantes quieran acabar con la única fuerza centrípeta que tiene un Estado incapaz de cohesionar sus gentes y territorios. Es posible conseguir más recursos pero es una utopía un sistema que sea justo sin ser, al menos, federal.

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