En el criterio de quién confiamos (17/04/2014)

Endosamos a los jueces el poder de discernir quién es un político honrado, cuando a ellos solo les correspondía juzgar si existían pruebas para condenar sus corrupciones. También les delegamos la responsabilidad de dirimir cuántas horas son necesarias para aprender una lengua o, incluso, cuál es el nombre de ésta. Toda una declaración de dimisión de responsabilidades por parte de los gobernantes, únicos depositarios legales de la soberanía popular.

Que también tenga que ser un tribunal, aunque sea de nivel superior como el TSJIB, el encargado de discernir si un edificio reúne suficientes valores arquitectónicos, es decir, artísticos, para ser protegido de la piqueta, dice poco o nada a favor de nuestra política. Debería bastar con la decisión de los gobernantes, rectamente asistidos y asesorados por técnicos e instituciones académicas competentes.

Si confiáramos en la rectitud de los políticos y en su capacidad de delegar en técnicos las valoraciones artísticas alejadas de gustos personales, la protección de la que fue sede de GESA no hubiera correspondido a los jueces. Estos están para comprobar que se han seguido los trámites, cuál es el justiprecio y poco más. El problema es que la rectitud ahora solo se les supone a ellos.

 

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