Por qué motivo España debería tratar con justicia a sus comunidades autónomas si tampoco lo hace con sus ciudadanos, o viceversa. Hace años que el sistema fiscal español dejó de tener la progresividad como justa meta, aunque solo fuera teórica. Empezó mimando al capital frente al trabajo y, poco a poco, desarrolló la maraña de excepciones que permiten pagar a una gran empresa proporcionalmente menos que el último de sus empleados.
Con las comunidades autónomas, igual. Primero, mantuvo la discrecionalidad de las inversiones para premiarlas o castigarlas según interés puramente electoral sin atender a razones de eficiencia y, después, utilizó los presupuestos generales para diseñar una España centrípeta y centralizada. El resultado es evidente porque, después de doradas épocas de crecimiento económico y generosos fondos europeos, nuestra economía adolece de recursos para equipararse a las desarrolladas y estables. No será Bauzá, exponente arquetípico de esta manera de entender el poder, quien fuerce el cambio.
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