Protegerse de los ciudadanos (8/01/2015)

La Fiscalía confirma, con su escrito de acusación por los sucesos de Bunyola, la necesidad que tiene el PP de la recién aprobada ley de Seguridad Ciudadana. Lo que ahora piden los subordinados del gobierno es lo que se pretende conseguir con la nueva ley, hecha para saltarse las incontrolables decisiones de los jueces (último poder del Estado que mayoritariamente aún cree en el espíritu liberal de la Constitución; en el que, erróneamente, creímos casi todos).

Con la ley en la mano, es más que probable que la Justicia considere la actuación de los acusados amparada en el derecho de reunión y manifestación, tal como se cualificó en la instrucción. Y ese derecho se contrapone con la creencia gubernamental de que una mayoría absoluta es la legitimación del absolutismo por las urnas.

La diferencia entre la derecha europea y la española es que esta entiende la democracia como método para conseguir el poder y no como sistema para ejercerlo. Por eso lanzaron la Fiscalía a calificar cualquier protesta de atentado y, cuando los jueces les anularon la pretensión, cambiaron la ley. Excepto si recae en un juez militante o con aspiraciones que dependen del poder político, que los hay, este puede ser uno de los últimos casos en que se hagan evidentes las necesidades del PP de protegerse de los ciudadanos.

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